La Comisión Europea (CE) ha tomado la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la imposición de sanciones desproporcionadas (de hasta el 150 por ciento de la liquidación fijada por Hacienda) y discriminatorias a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones con el Modelo 720 de informar los activos poseídos en otros Estados miembros de la UE y del EEE
En la actualidad, España exige a través de este modelo que los contribuyentes residentes notifiquen los activos que poseen en el extranjero, tales como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros. La no presentación de esta información a tiempo y en su totalidad está sujeta a sanciones superiores a las impuestas por infracciones similares en una situación puramente nacional. Estas sanciones pueden incluso superar el valor de los activos poseídos en el extranjero.
A juicio de la Comisión, la severidad de las sanciones alcanza tal magnitud que son susceptibles, por sí mismas, de dificultar las inversiones de las empresas y particulares españoles en el exterior, entrando en conflicto, en consecuencia, con las libertades comunitarias emanadas del Tratado Fundacional de la Unión Europea, esto es, libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.
La Comisión Europea incoó el procedimiento de infracción de la UE en noviembre de 2015 mediante una carta de emplazamiento, seguida de un dictamen motivado el 15 de febrero de 2017, instando a España a que modificara la regulación de la declaración de bienes y derechos en el extranjero a fin de hacerla compatible con las libertades comunitarias. Dado que España aún no le ha dado cumplimiento, respondiendo con el silencio y la inacción en el ámbito legislativo, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.
